RÍO NEGRO (ARGENTINA): de PROVINCIA FEDERAL a ABORTORIO de la IPPF

En Argentina, y en particular en la provincia de Río Negro, situada al sur del territorio nacional, en la región de la Patagonia, se estaría viviendo aparentemente en un estado de locura institucional y colectiva, dado que desde hoy, 13 de mayo, y hasta el 15 de mayo se llevará a cabo un juicio contra el doctor Leandro Rodríguez Lastra, médico obstetra y jefe de ginecología del Hospital Pedro Moguillansky, de Cipoletti (Río Negro), acusado de haber incumplido una ley que no existe y de, en consecuencia, haber salvado dos vidas en el año 2017. Primera aberración: el mencionado profesional es llevado a juicio por haber salvado dos vidas (¿???) y por no haber matado a un ser inocente (¿????). Pero en realidad, no se trata en esencia de una locura aberrante, sino de una ofensiva jurídica del Imperialismo Internacional del Aborto, es decir, del poder financiero depredador que se ha apropiado de las riquezas del mundo y, como contrapartida, necesita limitar al máximo el crecimiento poblacional en el mundo para poder “gozar en paz” de las riquezas apropiadas.

Segunda aberración: para promover esta parodia de juicio, se ha tomado como basa una norma legal un manual de procedimientos para matar a una persona por nacer, ya que el argumento-acusación utilizado por el fiscal acusador para justificar esta aberración es que el médico “no cumplió con la ley”, por eso lo acusa de “violación de los deberes de funcionario público”. El problema de fondo es que el médico acusado no cumplió con la ley provincial que legaliza anticonstitucionalmente y violando pactos internacionales (que tienen rango de norma constitucional) lo dictaminado por un documento administrativo -denominado Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo– elaborado en el año 2010 y actualizado en el 2015 por el entonces Ministerio de Salud de la Nación (en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-protocolo_ile_octubre%202016.pdf), que no tiene valor ni fuerza legal alguno, porque determina pautas de procedimiento que van en contra de la Constitución y las leyes que reconocen el carácter de persona del niño por nacer. Aunque el Protocolo permite y promueve matar a través de un aborto, nadie está obligado a obedecerlo ni cumplirlo, salvo que le guste matar. Su título mismo es engañoso: en Argentina no existe ninguna ley que tipifique el aborto como derecho.

El caso que sirvió de excusa para armar esta aberración-delirio abortista es el de una joven de 19 años que en enero del 2017 se presentó descompuesta en un hospital de Cipolletti, sin que los análisis que se le realizaron pudieran determinar la causa de su malestar. Pero a fines de marzo de 2017 se presentó nuevamente a una consulta, al haber aumentado de peso y tener la panza crecida, como ella misma manifestara. Al mostrar el análisis que le efectuaron que estaba embarazada, la joven pidió abortar, porque dijo que ese embarazo era producto de una violación.

Tercera aberración: si fue violada, la joven lo aceptó sin problema alguno, nunca lo denunció, pero al enterarse que estaba embarazada, “se acordó” que había violada. A algunos peritos médicos les pareció muy raro que una joven “se acuerde” que fue violada cuando se entera que está embarazada, como si el embarazo le provocara un trauma, pero no su violación previa.

Con esto, se ha querido hacer creer que las violaciones no afectan psicológicamente a las víctimas, pero sí el embarazo (¿????). Como afirmó el doctor Fernando Secin en la pericia que presentó, pero que la justicia rionegrina no aceptó (“porque ya había muchas”) es que “no resulta lógico que alguien diga ir al médico por aumento de peso y por crecimiento de la panza y luego decir que fue violada. Lo lógico es ir al médico por violación, mucho antes que crezca la panza”.

Cuarta aberración: La joven insistió con su pedido de aborto, y dos profesionales médicas que la atendieron la pusieron en contacto con una activista de una organización abortista, quien le proporcionó el fármaco (Oxaprost) para producir el aborto, lo cual constituyó un claro ejemplo de ejercicio ilegal de la medicina, porque esa activista no podía prescribir fármacos.

La joven ingirió el fármaco abortivo, pero comenzó a padecer fiebre, dolores abdominales y pérdidas, razón por la cual se dirigió al hospital, siempre con la intención de abortar. Fue atendida por el doctor Leandro Rodríguez Lastra, quien se negó a efectuar ese procedimiento, a causa del estado avanzado del embarazo -22 semanas-, razón por la cual el médico decidió estabilizar a la joven e internarla, hasta que el bebé pudiera nacer con posibilidades reales de supervivencia. Tan es así que luego de nacer el bebé fue entregado en adopción y hoy goza de perfecta salud. La misma joven lo definió así: “Me negaron el aborto para salvar la vida del bebé”.

El doctor Leandro Rodríguez Lastra salvó la vida del bebé y seguramente también de la madre.

Quinta aberración: a pesar de haber salvado dos vidas, en este punto comenzó el calvario del doctor Rodríguez Lastra, ya que fue denunciado judicialmente por la eterna diputada provincial Marta Milesi, médica pediatra a favor de la pena de muerte contra los niños antes de nacer (¿?????), lo cual constituye la quinta aberración: una pediatra a favor del aborto es como poner al Chapo Guzmán al frente de la lucha contra el narcotráfico.

Ya en el año 2006 esta señora había presentado en la legislatura provincial un proyecto a favor de la legalización del aborto, como una de las pioneras en este intento imperialista de imponer el asesinato del propio hijo como derecho exclusivo de la mujer y como ampliación de sus derechos. Ese proyecto que presentó contó para su redacción con la activa participación de “Católicas por el Derecho a Decidir”, una ONG de origen estadounidense creada por la Fundación Ford (propiedad de la familia Rockefeller) para infiltrar el catolicismo americano e iberoamericano con la ideología abortista. Esta organización seudo no-gubernamental cuenta desde hace algunos años en Argentina con el apoyo financiero (subvenciones) de la International Planned Parenthood Federation (IPPF) para imponer como sea la legalización del aborto. Es decir, la señora “pediatra” partidaria de legalizar la pena de muerte para los niños por nacer parece actuar como vocera del imperialismo internacional del aborto, que es el brazo izquierdo-progresista del imperialismo internacional del dinero, es decir, el Poder Financiero Internacional de matriz angloamericano, dueño real del mundo y de sus riquezas y ejecutor del plan de exterminio masivo de niños por nacer que conozca la historia universal.

Sexta aberración: la denuncia original de la pediatria pro-aborto fue impulsada en el ámbito judicial por el “doctor” Santiago Márquez-Gauna, quien en su actuación previa como juez de garantías adquirió fama al haber desestimado la denuncia hecha contra el padre de dos hijos menores de edad, sobreseyéndolo de las acusaciones de ahorcar a un niño, castigarlo con un cinto y utilizarlo de sparring o puchin ball para golpes de puño y patadas, porque según el bárbaro letrado todo ello formaba parte del “derecho a educar” del padre, de su “poder de coerción” y de su “potestad de corregirlos” (cf. https://www.rionegro.com.ar/juez-concluyo-que-no-es-delito-ahorcar-y-castigar-a-un-nino-con-un-cinto-JY6230902/).

No se puede dejar de reconocer la “coherencia” de este “servidor” del Derecho, un verdadero diamante en bruto: golpear, maltratar y abusar a un hijo es un derecho, al igual que matarlo mediante un aborto (¿??????).

Séptima aberración: este juez-fiscal pro-abuso infantil y pro pena de muerte para niños por nacer “se olvidó” de investigar la denuncia de la supuesta violación de la joven afectada que estuvo decidida a hacer abortar a su hijo, cuando “se acordó” que había sido violada. El señor Márquez Gauna, ante la denuncia de este delito no movió un dedo ni hizo el mínimo ademán de investigar un acto criminal, sólo se ocupó de acusar al médico, conducta idéntica a la de la pediatra pro-muerte. En este punto es válido preguntarse: ¿el señor Márquez Gauna es fiscal de la Provincia o empleado servil de la vocera de Católicas por el Derecho a Decidir y la IPPF? ¿Tendría miedo el señor Márquez Gauna de descubrir que la joven “violada” podría ser en realidad víctima de una red de trata de personas, dado el estado en que se presentó inicialmente al hospital?

Octava aberración: este demencial juicio contra el doctor Rodríguez Lastra, impulsado por la pediatra abortista y el fiscal justificador del abuso infantil, se basa en denuncias y criterios que constituyen una clara violación de la Constitución Nacional, que protege la vida humana desde el momento de la concepción (arts. 23 y 75), y de la misma Constitución de la Provincia de Río Negro (art. 16), que no sólo “reconoce el derecho a la vida y dignidad humana”, sino que además afirma que “nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos”, bajo pena de exoneración de su cargo.

Novena aberración: la pediatra abortista pone como fundamento de su acusación el incumplimiento de una ley provincial que da marco jurídico al Protocolo abortista nacional justificador del crimen del aborto en casos de embarazos por violación. Además de violar el mandato de la Constitución Nacional de proteger la vida desde la concepción, el Protocolo en cuestión fue actualizado en el año 2015 por el aporte técnico brindado por la llamada Casa FUSA (Fundación para la Salud del Adolescente), miembro de la International Planned Parenthood Federation (IPPF), la red abortista multinacional de origen británico más grande del mundo.

En definitiva, estamos claramente ante una nueva versión de David (el doctor Rodríguez Lastra) y Goliat (Marta Milesi, Santiago Márquez Gauna, “Católicas por el Derecho a Decidir”, IPPF), en la que un médico argentino se ha visto obligado a enfrentar el imperialismo abortista internacional. Así como David venció a Goliat, esperamos que en esta nueva versión el “David” argentino pueda vencer al Goliat invasor, tan criminal, mercenario y soberbio como el personaje del relato bíblico.

Evidentemente, en la provincia de Río Negro se viven tiempos apocalípticos, en los que salvar vidas constituye un acto criminal y matar a los hijos constituye un derecho ampliado de la “mujer”. Pero en última instancia dependerá de la voluntad del Todopoderoso y de la fuerza y garra espiritual que los argentinos de bien podamos mostrar frente a este aberrante acto criminal, mientras las autoridades civiles, políticas y eclesiásticas brillan por su ausencia, aunque se arriesgan a ser cómplices de este crimen jurídico y judicial.

José Arturo Quarracino

Temperley, 13 de mayo de 2019

ESQUIZOFRENIA FEMINISTA y el GENOCIDIO ROCKEFELLER

Días pasados las mujeres argentinas se expresaron condenando la ola de violencia mortal que hoy agobia al conjunto de la sociedad argentina, a través de la consigna “Ni una menos”. Pero extrañamente, en medio de esa manifestación y reclamo justos, grupos feministas y progresistas introdujeron el reclamo del “aborto legal, seguro y gratuito”, reflejando una clarísima actitud de esquizofrenia moral y política: por un lado, protestan contra la muerte de las mujeres y por otro lado exigen la aplicación de la pena de muerte contra mujeres y varones en el seno materno, contra seres humanos que son absolutamente inocentes e indefensos.

Siguiendo con su actitud esquizofrénica, estos grupos justificadores del aborto como derecho se reivindican generalmente como progresistas, latinoamericanistas e indigenistas, pero su discurso es una repetición literal en español de los argumentos antinatalistas de la feroz y cruel plutocracia angloamericana que domina el mundo, de la cual el clan Rockefeller ha sido su vocero y operador político por excelencia. Se jactan de ser “indigenistas y latinoamericanos”, pero su lengua materna es el inglés.

Suponen estas abortistas que la despenalización del aborto y su legalización –aunque se trate de un crimen- permite brindar «servicios de aborto seguro» a quienes desean eliminar a los hijos gestados y todavía presentes en el vientre materno. Dicen que la penalización del aborto hace que las mujeres de escasos recursos acudan a prácticas clandestinas e ilegales que ponen en riesgo su vida y en algunos casos termina con el fallecimiento de la mujer abortante. Según quienes “enarbolan” este argumento, la penalización del aborto no afecta a las mujeres que cuentan con recursos para pagar un aborto en clínicas privadas, donde aparentemente abortan “en forma segura”. Por eso deducen que como las mujeres pudientes violan la ley, hay que permitirles a las mujeres pobres que obren igual que las mujeres ricas, pero sólo en este caso en particular de matar a sus hijos en el vientre materno.

Se presumen «progresistas», pero esta argumentación “progre” es una repetición textual de la que ya ha hecho en 1972 John Davison Rockefeller III, al afirmar dogmáticamente que «cuando el aborto es prohibido, las mujeres recurren a abortos ilegales para prevenir nacimientos indeseados. Abortos médicamente seguros han estado siempre a disposición de las mujeres ricas, para las que pueden afrontar los elevados costos de doctores y viajes al extranjero; pero la mujer pobre se ha visto obligada a arriesgar su vida y salud con remedios caseros y practicantes con mala fama»[1]. Además de su matriz oligarca y plutocrática, es evidente que este pensamiento adolece de un grave defecto de irracionalidad jurídica y política, en cuanto sostiene que una ley es inútil o no sirve… porque los pudientes o ricos la violan e incumplen (???). Curiosa reivindicación que hacen los progresistas no sólo del “derecho” de los ricos de violar la ley y no ser castigados por ello, sino que además le conceden a los pobres el mismo “derecho”.

Estas progresistas “latinoamericanas” no tienen problemas en coincidir en forma total y absoluta con los dueños del capitalismo internacional, genocida y depredador. Repiten sus mismos argumentos en clave “revolucionaria”: «[…] la anticoncepción es el método de elección para prevenir un nacimiento no deseado. Creemos que el aborto no debe ser considerado un sustituto para el control de la natalidad, sino más bien como un elemento en un sistema general de cuidado de la salud materno-infantil»[2]. Clarísimo: el aborto no es considerado un crimen ni asesinato, sino un “problema de salud pública”. Lo mismo repiten desde hace tiempo los y las progresistas, al igual que muchos liberales.

Esto se complementa con otros argumentos siempre citados por el progresismo izquierdoso y que se articulan con el argumento anterior: “[…] las mujeres deben tener la libertad de determinar su propia fertilidad, la cuestión del aborto debe ser dejado a la conciencia de la mujer involucrada, en consulta con su médico, […] los Estados deben ser alentados a aprobar estatutos objetivos que creen un marco claro y positivo para la práctica del aborto a petición”[3]. Es decir:

1. a) el aborto es una decisión libre de la mujer
2. b) el aborto es una cuestión que sólo involucra a la mujer y al médico (desaparición de los esposos y padres)
3. c) el Estado es garante de la ejecución de ese “derecho”.

Llamativamente, esta concepción antinatalista y abortista de los imperialistas yanquis es la misma que repiten en español los “progres”: Aborto como derecho y acto libre – Involucra solamente a la mujer y a un médico – Estado garante del ejercicio de ese “derecho”.

“Nuestras” feministas dicen que el aborto es un derecho. Creen que dicen una novedad, pero quien ha inventado este derecho no ha sido la ONU, ni tampoco ha sido consagrado en ningún tratado internacional. El que inventó que el aborto es un derecho ha sido el yanqui John Davison Rockefeller III en 1973, al afirmar que “el aborto es el derecho que tiene la mujer para determinar su fertilidad”[4]. ¿Sobre qué principio se funda este derecho? Según Rockefeller, en el principio ético básico [inventado por él] que afirma que “sólo se traen al mundo los hijos deseados”[5]. Según este siniestro personaje, existe el “derecho” de eliminar al hijo no deseado. Lo mismo piensan las progresistas antiimperialistas, porque en realidad son feministas que repiten los argumentos de un macho yanqui. Son antiimperialistas que le dan estatus democrático al ideario genocida del imperialismo angloamericano.

Paradójica o esquizofrénicamente, las feministas reclaman contra la violencia, pero al mismo tiempo hacen apología de la pena de muerte contra los nascituros, impulsada por el imperialista Rockefeller.

[1] Rockefeller Commission Report, Population and the American Future, Chapter 11: «[…] when abortion is prohibited, women resort to illegal abortions to prevent unwanted births. Medically safe abortions have always been available to the wealthy, to those who could afford the high costs of physicians and trips abroad; but the poor woman has been forced to risk her life and health with folk remedies and disreputable practitioners».

[2] Rockefeller Commission Report, Op. cit., ibidem: «[…] contraception is the method of choice for preventing an unwanted birth. We believe that abortion should not be considered a substitute for birth control, but rather as one element in a comprehensive system of maternal and infant health care. For many, the very need for abortion is evidence of a social and personal failure in the provision and use of birth control».

[3] Rockefeller Commission Report, Op. cit., ibidem: «women should be free to determine their own fertility, that the matter of abortion should be left to the conscience of the individual concerned, in consultation with her physician, and that states should be encouraged to enact affirmative statutes creating a clear and positive framework for the practice of abortion on request».

[4] John Davison Rockefeller III, The Second American Revolution. Some personal observations, Harper & Row, Publishers, New York 1973, p. 64: the abortion is «a woman’s right to determine her own fertility».

[5] Rockefeller Commission Report, Population and the American Future, Chapter 11: «only wanted children are brought into the world».

Aborto para embarazo por violación-Año 2006 — La Plata (Pcia. de Buenos Aires)

A fines del mes de julio del año 2006, por 6 votos contra 3, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires autorizó que se le practicara un aborto a una joven discapacitada de 19 años, al haber quedado embarazada producto de la violación efectuada contra ella por un familiar.
A causa de este fallo, el obispo emérito de Viedma, monseñor Miguel Ángel Hesayne, redactó una carta con pedido de publicación al diario La Nación.
Ante la falta de respuesta del mencionado diario, monseñor Hesayne autorizó la publicación por cuanto medio fuera posible, para hacer conocer su pensamiento respecto al caso en cuestión.

Estimados amigos una verdad tan dolorosa como preocupante lo que Uds. llaman asesinato…y bien premeditado…Sigan luchando y denunciando a jueces criminales que matan con sus biromes de oro, que firman las legalizaciones de aborto…Les adjunto una carta que no me la ha publicado La Nación… al menos todavía… Uds. si les parece haga la publicidad que puedan y si tienen la dirección de la Suprema Corte la pueden enviar… Gracias y un abrazo con bendición MEH.

Declaración sobre el tema Aborto del Padre Obispo Miguel Esteban Hesayne.
Obispo emérito de Viedma

En defensa de la vida humana

Ante una campaña de instalar la discusión sobre la despenalización del aborto se impone una defensa firme y clara de la vida humana. Tanto más que en forma intencional o no, es una campaña hipócrita y desleal. Hipócrita, porque se enarbola la bandera de la Democracia o hasta los “Derechos Humanos” usando eufemismos como la “suspensión del embarazo” o reducción al derecho de la madre o del padre. Desleal, porque, con hábil estrategia, a favor del aborto se mueven sectores del actual Gobierno que, por otra parte, reafirma la promoción y defensa irrestricta de los Derechos Humanos. El tema del aborto no es original ni exclusivamente tema religioso. Fundamentalmente es antropológico y por eso, interesa a la Iglesia como todo lo que se refiera al bien integral del Hombre. La prohibición legal de abortar está fundada en defender el derecho a la vida como el primer Derecho Humano. Por eso la ONU en su solemne proclamación de los Derechos del Hombre (1948) declara: “TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD DE SU PERSONA”(Art. 3)

En consecuencia “el respeto a la vida humana se impone desde que comienza el proceso embrionario de una determinada vida humana. Desde el momento en que se dé la fecundación del óvulo, se inicia una vida humana que no es ni del padre ni de la madre, sino de un nuevo ser humano que se desarrolla por si mismo. Por lo demás, nunca llegaría a ser humano, si no lo fuese ya desde aquel momento.
Por otra parte, desde la más elemental ética, aunque hubiera alguien que tuviese alguna duda sobre la cuestión de la concepción humana desde el principio, sería igual objetivamente un acto criminal atreverse a afrontar el riesgo de un homicidio, porque “es ya un hombre aquél que está en camino de serlo” (Obispos-Río Negro 31-V-06). Legalizar el aborto es legalizar matar la vida del feto-vida humana- para salvar la vida de la madre. ES LEGALIZAR UN CRIMEN. Es un volver al principio del “Fin Justifica los Medios” que nos llevó al Terrorismo de Estado. Desde el Estado Terrorista se pretendió justificar salvar al País con torturas y muertes. La vida humana es un absoluto que bajo ningún motivo se puede mediatizar. Es preocupante que muchos profesionales, dirigentes políticos o gubernamentales sigan cayendo en la trampa del nefasto principio que sustentó el Terrorismo de Estado con la trágica consecuencia del genocidio argentino. Con la despenalización del aborto se abre la era del genocidio con guardapolvos blancos y quirófanos esterilizados para nuestra Argentina que, en vez, está necesitando nuevas generaciones educadas y vigorosas que construyan la Nación que soñaron los Padres de la Patria. Por eso, somos muchos los que aspiramos a que nuestros Legisladores no ocupen el tiempo en leyes para matar legalmente (aborto) sino como bajar los progresos de la macro-economía a la micro-economía familiar.

Miguel Esteban Hesayne-
-Obispo Emérito de Viedma.
CI.6.030.710