RÍO NEGRO (ARGENTINA): de PROVINCIA FEDERAL a ABORTORIO de la IPPF

En Argentina, y en particular en la provincia de Río Negro, situada al sur del territorio nacional, en la región de la Patagonia, se estaría viviendo aparentemente en un estado de locura institucional y colectiva, dado que desde hoy, 13 de mayo, y hasta el 15 de mayo se llevará a cabo un juicio contra el doctor Leandro Rodríguez Lastra, médico obstetra y jefe de ginecología del Hospital Pedro Moguillansky, de Cipoletti (Río Negro), acusado de haber incumplido una ley que no existe y de, en consecuencia, haber salvado dos vidas en el año 2017. Primera aberración: el mencionado profesional es llevado a juicio por haber salvado dos vidas (¿???) y por no haber matado a un ser inocente (¿????). Pero en realidad, no se trata en esencia de una locura aberrante, sino de una ofensiva jurídica del Imperialismo Internacional del Aborto, es decir, del poder financiero depredador que se ha apropiado de las riquezas del mundo y, como contrapartida, necesita limitar al máximo el crecimiento poblacional en el mundo para poder “gozar en paz” de las riquezas apropiadas.

Segunda aberración: para promover esta parodia de juicio, se ha tomado como basa una norma legal un manual de procedimientos para matar a una persona por nacer, ya que el argumento-acusación utilizado por el fiscal acusador para justificar esta aberración es que el médico “no cumplió con la ley”, por eso lo acusa de “violación de los deberes de funcionario público”. El problema de fondo es que el médico acusado no cumplió con la ley provincial que legaliza anticonstitucionalmente y violando pactos internacionales (que tienen rango de norma constitucional) lo dictaminado por un documento administrativo -denominado Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo– elaborado en el año 2010 y actualizado en el 2015 por el entonces Ministerio de Salud de la Nación (en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-protocolo_ile_octubre%202016.pdf), que no tiene valor ni fuerza legal alguno, porque determina pautas de procedimiento que van en contra de la Constitución y las leyes que reconocen el carácter de persona del niño por nacer. Aunque el Protocolo permite y promueve matar a través de un aborto, nadie está obligado a obedecerlo ni cumplirlo, salvo que le guste matar. Su título mismo es engañoso: en Argentina no existe ninguna ley que tipifique el aborto como derecho.

El caso que sirvió de excusa para armar esta aberración-delirio abortista es el de una joven de 19 años que en enero del 2017 se presentó descompuesta en un hospital de Cipolletti, sin que los análisis que se le realizaron pudieran determinar la causa de su malestar. Pero a fines de marzo de 2017 se presentó nuevamente a una consulta, al haber aumentado de peso y tener la panza crecida, como ella misma manifestara. Al mostrar el análisis que le efectuaron que estaba embarazada, la joven pidió abortar, porque dijo que ese embarazo era producto de una violación.

Tercera aberración: si fue violada, la joven lo aceptó sin problema alguno, nunca lo denunció, pero al enterarse que estaba embarazada, “se acordó” que había violada. A algunos peritos médicos les pareció muy raro que una joven “se acuerde” que fue violada cuando se entera que está embarazada, como si el embarazo le provocara un trauma, pero no su violación previa.

Con esto, se ha querido hacer creer que las violaciones no afectan psicológicamente a las víctimas, pero sí el embarazo (¿????). Como afirmó el doctor Fernando Secin en la pericia que presentó, pero que la justicia rionegrina no aceptó (“porque ya había muchas”) es que “no resulta lógico que alguien diga ir al médico por aumento de peso y por crecimiento de la panza y luego decir que fue violada. Lo lógico es ir al médico por violación, mucho antes que crezca la panza”.

Cuarta aberración: La joven insistió con su pedido de aborto, y dos profesionales médicas que la atendieron la pusieron en contacto con una activista de una organización abortista, quien le proporcionó el fármaco (Oxaprost) para producir el aborto, lo cual constituyó un claro ejemplo de ejercicio ilegal de la medicina, porque esa activista no podía prescribir fármacos.

La joven ingirió el fármaco abortivo, pero comenzó a padecer fiebre, dolores abdominales y pérdidas, razón por la cual se dirigió al hospital, siempre con la intención de abortar. Fue atendida por el doctor Leandro Rodríguez Lastra, quien se negó a efectuar ese procedimiento, a causa del estado avanzado del embarazo -22 semanas-, razón por la cual el médico decidió estabilizar a la joven e internarla, hasta que el bebé pudiera nacer con posibilidades reales de supervivencia. Tan es así que luego de nacer el bebé fue entregado en adopción y hoy goza de perfecta salud. La misma joven lo definió así: “Me negaron el aborto para salvar la vida del bebé”.

El doctor Leandro Rodríguez Lastra salvó la vida del bebé y seguramente también de la madre.

Quinta aberración: a pesar de haber salvado dos vidas, en este punto comenzó el calvario del doctor Rodríguez Lastra, ya que fue denunciado judicialmente por la eterna diputada provincial Marta Milesi, médica pediatra a favor de la pena de muerte contra los niños antes de nacer (¿?????), lo cual constituye la quinta aberración: una pediatra a favor del aborto es como poner al Chapo Guzmán al frente de la lucha contra el narcotráfico.

Ya en el año 2006 esta señora había presentado en la legislatura provincial un proyecto a favor de la legalización del aborto, como una de las pioneras en este intento imperialista de imponer el asesinato del propio hijo como derecho exclusivo de la mujer y como ampliación de sus derechos. Ese proyecto que presentó contó para su redacción con la activa participación de Católicas por el Derecho a Decidir”, una ONG de origen estadounidense creada por la Fundación Ford (propiedad de la familia Rockefeller) para infiltrar el catolicismo americano e iberoamericano con la ideología abortista. Esta organización seudo no-gubernamental cuenta desde hace algunos años en Argentina con el apoyo financiero (subvenciones) de la International Planned Parenthood Federation (IPPF) para imponer como sea la legalización del aborto. Es decir, la señora “pediatra” partidaria de legalizar la pena de muerte para los niños por nacer parece actuar como vocera del imperialismo internacional del aborto, que es el brazo izquierdo-progresista del imperialismo internacional del dinero, es decir, el Poder Financiero Internacional de matriz angloamericano, dueño real del mundo y de sus riquezas y ejecutor del plan de exterminio masivo de niños por nacer que conozca la historia universal.

Sexta aberración: la denuncia original de la pediatria pro-aborto fue impulsada en el ámbito judicial por el “doctor” Santiago Márquez-Gauna, quien en su actuación previa como juez de garantías adquirió fama al haber desestimado la denuncia hecha contra el padre de dos hijos menores de edad, sobreseyéndolo de las acusaciones de ahorcar a un niño, castigarlo con un cinto y utilizarlo de sparring o puchin ball para golpes de puño y patadas, porque según el bárbaro letrado todo ello formaba parte del “derecho a educar” del padre, de su “poder de coerción” y de su “potestad de corregirlos” (cf. https://www.rionegro.com.ar/juez-concluyo-que-no-es-delito-ahorcar-y-castigar-a-un-nino-con-un-cinto-JY6230902/).

No se puede dejar de reconocer la “coherencia” de este “servidor” del Derecho, un verdadero diamante en bruto: golpear, maltratar y abusar a un hijo es un derecho, al igual que matarlo mediante un aborto (¿??????).

Séptima aberración: este juez-fiscal pro-abuso infantil y pro pena de muerte para niños por nacer “se olvidó” de investigar la denuncia de la supuesta violación de la joven afectada que estuvo decidida a hacer abortar a su hijo, cuando “se acordó” que había sido violada. El señor Márquez Gauna, ante la denuncia de este delito no movió un dedo ni hizo el mínimo ademán de investigar un acto criminal, sólo se ocupó de acusar al médico, conducta idéntica a la de la pediatra pro-muerte. En este punto es válido preguntarse: ¿el señor Márquez Gauna es fiscal de la Provincia o empleado servil de la vocera de Católicas por el Derecho a Decidir y la IPPF? ¿Tendría miedo el señor Márquez Gauna de descubrir que la joven “violada” podría ser en realidad víctima de una red de trata de personas, dado el estado en que se presentó inicialmente al hospital?

Octava aberración: este demencial juicio contra el doctor Rodríguez Lastra, impulsado por la pediatra abortista y el fiscal justificador del abuso infantil, se basa en denuncias y criterios que constituyen una clara violación de la Constitución Nacional, que protege la vida humana desde el momento de la concepción (arts. 23 y 75), y de la misma Constitución de la Provincia de Río Negro (art. 16), que no sólo “reconoce el derecho a la vida y dignidad humana”, sino que además afirma que “nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos”, bajo pena de exoneración de su cargo.

Novena aberración: la pediatra abortista pone como fundamento de su acusación el incumplimiento de una ley provincial que da marco jurídico al Protocolo abortista nacional justificador del crimen del aborto en casos de embarazos por violación. Además de violar el mandato de la Constitución Nacional de proteger la vida desde la concepción, el Protocolo en cuestión fue actualizado en el año 2015 por el aporte técnico brindado por la llamada Casa FUSA (Fundación para la Salud del Adolescente), miembro de la International Planned Parenthood Federation (IPPF), la red abortista multinacional de origen británico más grande del mundo.

En definitiva, estamos claramente ante una nueva versión de David (el doctor Rodríguez Lastra) y Goliat (Marta Milesi, Santiago Márquez Gauna, “Católicas por el Derecho a Decidir”, IPPF), en la que un médico argentino se ha visto obligado a enfrentar el imperialismo abortista internacional. Así como David venció a Goliat, esperamos que en esta nueva versión el “David” argentino pueda vencer al Goliat invasor, tan criminal, mercenario y soberbio como el personaje del relato bíblico.

Evidentemente, en la provincia de Río Negro se viven tiempos apocalípticos, en los que salvar vidas constituye un acto criminal y matar a los hijos constituye un derecho ampliado de la “mujer”. Pero en última instancia dependerá de la voluntad del Todopoderoso y de la fuerza y garra espiritual que los argentinos de bien podamos mostrar frente a este aberrante acto criminal, mientras las autoridades civiles, políticas y eclesiásticas brillan por su ausencia, aunque se arriesgan a ser cómplices de este crimen jurídico y judicial.

José Arturo Quarracino

Temperley, 13 de mayo de 2019

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CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR: ¿DISPOSITIVO BRITÁNICO AL SERVICIO DE NUEVAS INVASIONES INGLESAS?

El 24 de abril ppdo. se llevó a cabo una sesión del debate organizado en la Cámara de Diputados de la Nación, sobre el intento de implementar la pena de muerte contra los niños por nacer, eufemísticamente denominado “despenalización de aborto” o “interrupción legal del embarazo”.

Sorprende que se intente aprobar una ley que es manifiestamente contraria a la Constitución Nacional y al Código Civil y Comercial de la Nación, porque ambos documentos normativos jurídicos afirman explícitamente que la existencia del ser humano como persona se inicia en la concepción[1], razón por la cual implementar “legalmente” la eliminación de un ser humano antes de su nacimiento significaría implantar la pena de muerte en nuestro país, aberrante desde dos puntos de vista: a) se aplicaría contra seres humanos que no han cometido ningún delito; b) violaría el Artículo 4, incisos 1, 3 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que afirma explícitamente que “todo ser humano es persona” y que no se puede implantar la pena de muerte en los países que no rige ni tiene vigencia al momento de firmar el citado documento[2]. Lamentablemente para los proabortistas, esta Convención tiene rango constitucional, de acuerdo con la última reforma de 1994.

Bandera del Reino UnidoCatólicas por el Derecho a Decidir-Logo

IPPF-Logo

Pero si es sorprendente y llamativo que se pretenda avasallar la Constitución Nacional y sus leyes fundamentales para “despenalizar o legalizar el aborto”, resulta francamente indignante y repugnante que para lograr este objetivo se mienta descarada y alevosamente en un recinto que se supone debe discutir ideas y cosmovisiones. Utilizar el palacio legislativo para afirmar mentiras rebaja una discusión como la planteada a una payasada y una burla, principalmente contra quienes han organizado este debate y en segundo lugar para el conjunto del pueblo, que espera de sus legisladores honestidad intelectual, no hipocresías ni mentiras alevosas.

El día 24 de abril, en una de las sesiones, la señora María Teresa Bossio, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, ante una pregunta respecto a las fuentes de financiamiento con la que cuenta la organización de la que forma parte, dijo que quería hacer una aclaración sobre la organización International Planned Parenthood Federation [Federación Internacional de Planificación de la Familia].

En primer lugar, dijo que “quería limpiar” el nombre de esta institución, que en realidad “no se financia abortos, sino que se dedica a promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. O esta señora no sabe de qué está hablando, no ha leído documentos oficiales de la IPPF o MIENTE ALEVOSAMENTE.

Simplemente con leer las Financial Statements [Declaraciones Financieras] que se publican anualmente la “limpiadora” del supuesto buen nombre de la entidad sabría que, por ejemplo, que la IPPF “se asegurará que las mujeres puedan ejercer sus derechos y acceder al aborto seguro y a la planificación familiar” (p. 3); que “proporciona servicios basados en los derechos al aborto seguro […]” (pp. 6-7); que el programa Safe Abortion Action Fund [Fondo de Acción para el Aborto Seguro]“continuó proporcionando subvenciones para proyectos que promocionan el aborto seguro y previenen el aborto inseguro“ (11); que en el año 2015 el aborto fue una de las áreas estratégicas subvencionadas, otorgando 12.471.00 dólares a miembros y socios de la organización (p. 34)[1].

Ya que es tan enfática “limpiadora” de la IPPF, ¿la señora Bossio desconoce que esta organización británica administra desde hace años el programa denominado Global Safe Abortion Fund, que es en esencia “una reserva de recursos destinados a permitir la implementación de programas e iniciativas para incrementar el acceso a servicios generales de abortos seguros […]”?[2]. ¿Ignora u oculta que una de sus finalidades es “apoyar los trabajos que ayudan a mejorar el acceso a servicios de aborto seguro en países pobres?”[3].

La pregunta es: ¿POR QUÉ MIENTE LA “CATÓLICA” POR EL DERECHO A DECIDIR? ¿O es ignorante de todo esto? Si lo ignora o desconoce, ¿por qué habla con tanta firmeza? ¿O le han dado un libreto para que lo repita?

En segundo lugar, la “limpiadora” de IPPF reconoce que ésta última les ha proporcionado fondos, pero tratando de minimizarlos, como si fueran solamente para hacer cursos y actividades “académicas”, etc. etc. Pero como la verdad se abre paso siempre, no puede dejar de reconocer que una institución británica que se dedica a promover el imperialismo internacional del aborto las subvenciona, ¿pero solamente para actividades “académicas”? Lo que no dice esta “católica” es que en el período 2010-2016 la IPPF le ha “regalado” a CDD la suma de u$s 1.018.273 (un millón dieciocho mil doscientos setenta y tres dólares USA)[4].

Podemos preguntarnos: ¿qué tan argentina puede ser una supuesta ONG que es subsidiada y subvencionada por una supuesta ONG británica, que tiene como objetivo hacer implantar la pena de muerte para bebés en el seno materno? ¿”Católicas por el Derecho a Decidir” no cumple el mismo triste papel de los cipayos en la India, trabajando para el Imperio Británico, a través de una supuesta ONG que, en realidad, es una organización para-gubernamental, ya que el 60-65% de su presupuesto anual se nutre de aportes gubernamentales? ¿No es contradictorio que haya argentinas y argentinos que promuevan políticas y objetivos de instituciones extranjeras? ¿Tienen derecho a participar en debates legislativos que hacen a la vida de la Nación, cuando en realidad cobran de instituciones imperialistas y de gobiernos imperialistas, a través de la IPPF, claramente para impulsar políticas que le interesan a esos países?

¿No saben estas “católicas” cordobesas que la IPPF recibe subsidios de, entre otros países, Australia, República Popular China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Pakistán, Suecia, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido? ¿Desconocen o no se dan cuenta que se trata de un dispositivo al servicio de la promoción del aborto a escala mundial?

En tercer lugar, la “limpiadora” del buen nombre” de IPPF parece que tampoco sabe (¿o encubre y oculta?) que la IPPF no sólo promueve el aborto a escala mundial, sino que además lleva a cabo también el comercio de restos fetales humanos? No sabe u oculta que IPPF no sólo promueve el asesinato de bebés en el seno materno, sino que después de asesinarlos comercializa sus restos, trozándolos y vendiéndolos, tal como ha salido a la luz en Estados Unidos, aunque esta última actividad “comercial” está prohibida por las leyes estadounidenses.

A modo de prueba, se pueden ver los videos en la plataforma de Youtube, para quien quiera conocer bien de cerca las actividades caritativas de las oligarcas del país del Norte:

ü  https://www.youtube.com/watch?v=1hKhQynKI4M (Planned Parenthood, venta de órganos fetales);

ü  https://www.youtube.com/watch?v=ht37Y0GVkzw (Planned Parenthood, venta de órganos fetales, video 5);

ü  https://www.youtube.com/watch?v=3X_O5958-7w (Planned Parenthood, venta de órganos fetales, video 7);

ü  https://www.youtube.com/watch?v=CYGkdtHeU14 (Planned Parenthood, venta de órganos fetales, video 10);

ü  https://www.youtube.com/watch?v=Yn34Td1pHx8 (Planned Parenthood, venta de órganos fetales, video 11).

 

Si para la señora Bossio esto forma parte de la “seriedad” y “buen nombre” de la IPPF, haría bien en explicar qué parte de su “catolicismo” es compatible con la carnicería y comercio de restos fetales humanos.

En cuarto lugar, la “limpiadora” ha pretendido hacer creer al Parlamento argentino, y nos quiere hacer creer, que la IPPF vive humildemente de “muchos donantes anónimos” y “apoya la salud y el derecho de las mujeres”. Evidentemente, esta señora o sufre de esquizofrenia o actúa de muy mala fe, porque si algo caracteriza a esta internacional imperialista del aborto es que informa en detalle los supuestos donantes anónimos, además de los gobiernos nacionales de países desarrollados, e incluso de la China “comunista”.

En el año 2016, sobre un total de u$s 50.604.000 (50 millones 604 mil dólares) aportados por organismos multilaterales y otras instituciones, u$s 18.889.582 (18 millones 889 mil 582 dólares) fueron de aportantes anónimos, es decir el 27,42%.

Las instituciones “humildes” y de “escasos recursos” que aportaron el 72,58% restante fueron, entre otras, Bill & Melinda Gates Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, David & Lucille Packard Foundation, la Comisión Europea, la Fundación Ford, John and Katherine T. MacArthur Foundation, John Hopkins University, Open Society Foundations (George Soros), Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, etc[5].

En síntesis: estamos en presencia de “católicas argentinas” que reciben subsidios y subvenciones de una institución británica imperialista, promotora de políticas culturales como instrumentos de dominación cultural y ejecutora de acciones que aplican la pena de muerte sobre los seres humanos más inocentes e indefensos de todos. No sólo trabajan al servicio de esos objetivos imperialistas británicos, cobran por ello y pretenden hacer creer que eso es “progreso democrático”.

En sus comienzos, el Imperio Británico utilizaba sus propios ejércitos para llevar a cabo sus conquistas territoriales. Posteriormente, como en el caso de la India, utilizó ejércitos nativos (cipayos) para someter a los habitantes de un país. En países como Argentina, se ocupó de promover dirigentes políticos nativos para que mantuvieran el estatus de colonia británica de los países ocupados “pacíficamente”. Ahora, promueven organizaciones “no gubernamentales” como la que nos ocupa para ejecutar la estrategia de la dominación cultural, más efectiva, más disimulada y menos sangrienta que la dominación militar.

Pero por más cultural y educada que pretenda ser, siempre se termina derramando sangre inocente. En este caso, la de los niños en el seno materno, antes que nazcan. Les guste o no a las “católicas progresistas”, son claras protagonistas de las nuevas Invasiones Inglesas, versión siglo XXI, tan protagonistas como la oligarquía “argentina” en los siglos XIX y XX.

[1] Código Civil y Comercial de la Nación, Libro Primero “Persona humana”, Capítulo 1 “Comienzo de la existencia”, artículo 19.

[2] Parte 1, Capítulo 1, Art.1 inc. 2; Art. 3; Art. 4, inc. 1 (Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente), inc. 3 (no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido), inc. 5 (No se impondrá la pena de muerte a las personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez).

[3] Todas estas citas están tomadas de las respectivas páginas de la Financial Statements 2016, publicada por IPPF en mayo de 2017, con domicilio en 4 Newhams Row, London London SE1 3UZ, United Kingdom.

[4] Folleto titulado Global Safe Abortion Fund, “What is the Global Safe Abortion Fund”, p. 1.

[5] Ibidem, p. 3.

[6] En el mismo lapso, la IPPF le ha “regalado” a otra institución “argentina”, FUSA, la suma de u$s 3.112.260

[7] IPPF, Financial Statements 2016, p. 33.