El 24 de abril ppdo. se llevó a cabo una sesión del debate organizado en la Cámara de Diputados de la Nación, sobre el intento de implementar la pena de muerte contra los niños por nacer, eufemísticamente denominado “despenalización de aborto” o “interrupción legal del embarazo”.
Sorprende que se intente aprobar una ley que es manifiestamente contraria a la Constitución Nacional y al Código Civil y Comercial de la Nación, porque ambos documentos normativos jurídicos afirman explícitamente que la existencia del ser humano como persona se inicia en la concepción[1], razón por la cual implementar “legalmente” la eliminación de un ser humano antes de su nacimiento significaría implantar la pena de muerte en nuestro país, aberrante desde dos puntos de vista: a) se aplicaría contra seres humanos que no han cometido ningún delito; b) violaría el Artículo 4, incisos 1, 3 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que afirma explícitamente que “todo ser humano es persona” y que no se puede implantar la pena de muerte en los países que no rige ni tiene vigencia al momento de firmar el citado documento[2]. Lamentablemente para los proabortistas, esta Convención tiene rango constitucional, de acuerdo con la última reforma de 1994.
Pero si es sorprendente y llamativo que se pretenda avasallar la Constitución Nacional y sus leyes fundamentales para “despenalizar o legalizar el aborto”, resulta francamente indignante y repugnante que para lograr este objetivo se mienta descarada y alevosamente en un recinto que se supone debe discutir ideas y cosmovisiones. Utilizar el palacio legislativo para afirmar mentiras rebaja una discusión como la planteada a una payasada y una burla, principalmente contra quienes han organizado este debate y en segundo lugar para el conjunto del pueblo, que espera de sus legisladores honestidad intelectual, no hipocresías ni mentiras alevosas.
El día 24 de abril, en una de las sesiones, la señora María Teresa Bossio, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, ante una pregunta respecto a las fuentes de financiamiento con la que cuenta la organización de la que forma parte, dijo que quería hacer una aclaración sobre la organización International Planned Parenthood Federation [Federación Internacional de Planificación de la Familia].
En primer lugar, dijo que “quería limpiar” el nombre de esta institución, que en realidad “no se financia abortos, sino que se dedica a promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. O esta señora no sabe de qué está hablando, no ha leído documentos oficiales de la IPPF o MIENTE ALEVOSAMENTE.
Simplemente con leer las Financial Statements [Declaraciones Financieras] que se publican anualmente la “limpiadora” del supuesto buen nombre de la entidad sabría que, por ejemplo, que la IPPF “se asegurará que las mujeres puedan ejercer sus derechos y acceder al aborto seguro y a la planificación familiar” (p. 3); que “proporciona servicios basados en los derechos al aborto seguro […]” (pp. 6-7); que el programa Safe Abortion Action Fund [Fondo de Acción para el Aborto Seguro]“continuó proporcionando subvenciones para proyectos que promocionan el aborto seguro y previenen el aborto inseguro“ (11); que en el año 2015 el aborto fue una de las áreas estratégicas subvencionadas, otorgando 12.471.00 dólares a miembros y socios de la organización (p. 34)[1].
Ya que es tan enfática “limpiadora” de la IPPF, ¿la señora Bossio desconoce que esta organización británica administra desde hace años el programa denominado Global Safe Abortion Fund, que es en esencia “una reserva de recursos destinados a permitir la implementación de programas e iniciativas para incrementar el acceso a servicios generales de abortos seguros […]”?[2]. ¿Ignora u oculta que una de sus finalidades es “apoyar los trabajos que ayudan a mejorar el acceso a servicios de aborto seguro en países pobres?”[3].
La pregunta es: ¿POR QUÉ MIENTE LA “CATÓLICA” POR EL DERECHO A DECIDIR? ¿O es ignorante de todo esto? Si lo ignora o desconoce, ¿por qué habla con tanta firmeza? ¿O le han dado un libreto para que lo repita?
En segundo lugar, la “limpiadora” de IPPF reconoce que ésta última les ha proporcionado fondos, pero tratando de minimizarlos, como si fueran solamente para hacer cursos y actividades “académicas”, etc. etc. Pero como la verdad se abre paso siempre, no puede dejar de reconocer que una institución británica que se dedica a promover el imperialismo internacional del aborto las subvenciona, ¿pero solamente para actividades “académicas”? Lo que no dice esta “católica” es que en el período 2010-2016 la IPPF le ha “regalado” a CDD la suma de u$s 1.018.273 (un millón dieciocho mil doscientos setenta y tres dólares USA)[4].
Podemos preguntarnos: ¿qué tan argentina puede ser una supuesta ONG que es subsidiada y subvencionada por una supuesta ONG británica, que tiene como objetivo hacer implantar la pena de muerte para bebés en el seno materno? ¿”Católicas por el Derecho a Decidir” no cumple el mismo triste papel de los cipayos en la India, trabajando para el Imperio Británico, a través de una supuesta ONG que, en realidad, es una organización para-gubernamental, ya que el 60-65% de su presupuesto anual se nutre de aportes gubernamentales? ¿No es contradictorio que haya argentinas y argentinos que promuevan políticas y objetivos de instituciones extranjeras? ¿Tienen derecho a participar en debates legislativos que hacen a la vida de la Nación, cuando en realidad cobran de instituciones imperialistas y de gobiernos imperialistas, a través de la IPPF, claramente para impulsar políticas que le interesan a esos países?
¿No saben estas “católicas” cordobesas que la IPPF recibe subsidios de, entre otros países, Australia, República Popular China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Pakistán, Suecia, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido? ¿Desconocen o no se dan cuenta que se trata de un dispositivo al servicio de la promoción del aborto a escala mundial?
En tercer lugar, la “limpiadora” del buen nombre” de IPPF parece que tampoco sabe (¿o encubre y oculta?) que la IPPF no sólo promueve el aborto a escala mundial, sino que además lleva a cabo también el comercio de restos fetales humanos? No sabe u oculta que IPPF no sólo promueve el asesinato de bebés en el seno materno, sino que después de asesinarlos comercializa sus restos, trozándolos y vendiéndolos, tal como ha salido a la luz en Estados Unidos, aunque esta última actividad “comercial” está prohibida por las leyes estadounidenses.
A modo de prueba, se pueden ver los videos en la plataforma de Youtube, para quien quiera conocer bien de cerca las actividades caritativas de las oligarcas del país del Norte:
ü https://www.youtube.com/watch?v=1hKhQynKI4M (Planned Parenthood, venta de órganos fetales);
ü https://www.youtube.com/watch?v=ht37Y0GVkzw (Planned Parenthood, venta de órganos fetales, video 5);
ü https://www.youtube.com/watch?v=3X_O5958-7w (Planned Parenthood, venta de órganos fetales, video 7);
ü https://www.youtube.com/watch?v=CYGkdtHeU14 (Planned Parenthood, venta de órganos fetales, video 10);
ü https://www.youtube.com/watch?v=Yn34Td1pHx8 (Planned Parenthood, venta de órganos fetales, video 11).
Si para la señora Bossio esto forma parte de la “seriedad” y “buen nombre” de la IPPF, haría bien en explicar qué parte de su “catolicismo” es compatible con la carnicería y comercio de restos fetales humanos.
En cuarto lugar, la “limpiadora” ha pretendido hacer creer al Parlamento argentino, y nos quiere hacer creer, que la IPPF vive humildemente de “muchos donantes anónimos” y “apoya la salud y el derecho de las mujeres”. Evidentemente, esta señora o sufre de esquizofrenia o actúa de muy mala fe, porque si algo caracteriza a esta internacional imperialista del aborto es que informa en detalle los supuestos donantes anónimos, además de los gobiernos nacionales de países desarrollados, e incluso de la China “comunista”.
En el año 2016, sobre un total de u$s 50.604.000 (50 millones 604 mil dólares) aportados por organismos multilaterales y otras instituciones, u$s 18.889.582 (18 millones 889 mil 582 dólares) fueron de aportantes anónimos, es decir el 27,42%.
Las instituciones “humildes” y de “escasos recursos” que aportaron el 72,58% restante fueron, entre otras, Bill & Melinda Gates Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, David & Lucille Packard Foundation, la Comisión Europea, la Fundación Ford, John and Katherine T. MacArthur Foundation, John Hopkins University, Open Society Foundations (George Soros), Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, etc[5].
En síntesis: estamos en presencia de “católicas argentinas” que reciben subsidios y subvenciones de una institución británica imperialista, promotora de políticas culturales como instrumentos de dominación cultural y ejecutora de acciones que aplican la pena de muerte sobre los seres humanos más inocentes e indefensos de todos. No sólo trabajan al servicio de esos objetivos imperialistas británicos, cobran por ello y pretenden hacer creer que eso es “progreso democrático”.
En sus comienzos, el Imperio Británico utilizaba sus propios ejércitos para llevar a cabo sus conquistas territoriales. Posteriormente, como en el caso de la India, utilizó ejércitos nativos (cipayos) para someter a los habitantes de un país. En países como Argentina, se ocupó de promover dirigentes políticos nativos para que mantuvieran el estatus de colonia británica de los países ocupados “pacíficamente”. Ahora, promueven organizaciones “no gubernamentales” como la que nos ocupa para ejecutar la estrategia de la dominación cultural, más efectiva, más disimulada y menos sangrienta que la dominación militar.
Pero por más cultural y educada que pretenda ser, siempre se termina derramando sangre inocente. En este caso, la de los niños en el seno materno, antes que nazcan. Les guste o no a las “católicas progresistas”, son claras protagonistas de las nuevas Invasiones Inglesas, versión siglo XXI, tan protagonistas como la oligarquía “argentina” en los siglos XIX y XX.
[1] Código Civil y Comercial de la Nación, Libro Primero “Persona humana”, Capítulo 1 “Comienzo de la existencia”, artículo 19.
[2] Parte 1, Capítulo 1, Art.1 inc. 2; Art. 3; Art. 4, inc. 1 (Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente), inc. 3 (no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido), inc. 5 (No se impondrá la pena de muerte a las personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez).
[3] Todas estas citas están tomadas de las respectivas páginas de la Financial Statements 2016, publicada por IPPF en mayo de 2017, con domicilio en 4 Newhams Row, London London SE1 3UZ, United Kingdom.
[4] Folleto titulado Global Safe Abortion Fund, “What is the Global Safe Abortion Fund”, p. 1.
[5] Ibidem, p. 3.
[6] En el mismo lapso, la IPPF le ha “regalado” a otra institución “argentina”, FUSA, la suma de u$s 3.112.260
[7] IPPF, Financial Statements 2016, p. 33.
josequarracino 