¿QUÉ TE PASA, ARGENTINA, QUE NO ENCONTRÁS EL RUMBO?

En su retorno en 1972, luego del infame exilio que sufrió durante 18 años, Juan Domingo Perón sostuvo que el problema más grave que enfrentaba la Argentina de ese entonces era la destrucción del hombre, y después la destrucción del Estado. Para el gran estadista que era, el problema de fondo no eran los datos políticos ni económicos, sino la degradación espiritual y cultural que habían sufrido los argentinos y sus instituciones fundamentales.

Esa destrucción fue el fruto de las acciones que el poder político y económico británico –el verdadero autor y promotor de la contrarrevolución de 1955- había llevado a cabo para destruir la obra de gobierno peronista, que no sólo había promovido el crecimiento económico del país sino también su desarrollo social con justicia, todo ello sin endeudarse en lo más mínimo con el poder financiero internacional. Ese intento destructor británico resultó infructuoso en su aspecto material, de tal forma que el historiador anglo-canadiense Henry Stanley Ferns sostuvo que “sólo una guerra civil devastadora podía derribar la obra revolucionaria de Perón” (La Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1969, pp. 246-247). Pero sí fue exitoso en el debilitamiento cultural y espiritual de muchos miembros de la comunidad nacional, al sembrar incertidumbre, escepticismo en las propias fuerzas y olvido de las grandes causas que ennoblecen al ser humano y a los pueblos.

Para solucionar esa destrucción humana y estatal Perón propuso la unión nacional y la revolución en paz “sin que cueste la vida de un solo argentino” para reencauzar a la Argentina a su destino histórico. Aún habiendo obtenido el 62,9% de los votos del padrón electoral en las elecciones de setiembre de 1973, convocó a tal fin a la casi totalidad de las fuerzas políticas nacionales para que colaboraran con la tarea de liberación y reconstrucción de la Nación, resaltando, entre otras cosas, que “para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino”.

Luego de la muerte de Perón, el “matrimonio” entre el capital industrial-financiero multinacional y la ultraizquierda antiperonista en sus distintas versiones dio paso al nefasto Proceso cívico-militar de 1976, cuya autoría y paternidad corresponde al clan Rockefeller y al sistema de poder mundial que impulsó en 1973 con la conformación de la Comisión Trilateral. Este Proceso encaró con éxito la profecía del historiador citado, retrotrayendo a la Argentina a la situación neocolonial imperante hasta el 3 de junio de 1943 y encarando sin éxito la desaparición del Peronismo.

La restauración “democrática” de 1983 en adelante y en sus diversas variantes social-demócratas y liberales fue impotente e incapaz de recuperar la Argentina industrial y soberana instaurada por el Peronismo, más bien “se asoció” al gerenciamiento neocolonial impuesto a nuestra Patria. Prueba de ello es que las leyes ultraliberales implementadas por el Proceso (por ejemplo, la Ley de Entidades Financieras promulgada por Videla-Martínez de Hoz en 1977), las políticas desindustrializadoras y privatizadoras, la concentración y extranjerización económicas, nunca fueron revertidas, a pesar de los 32 años “democráticos” transcurridos. En última instancia, el “progreso revolucionario” impulsado se limitó a reemplazar el pleno empleo por la limosna clientelar, a promover asentamientos humanos en basurales contaminados e infectados, a asegurar ganancias extraordinarias a las multinacionales petroleras y mineras, a darle independencia plena de acción al poder financiero (local e internacional), a incrementar la deuda pública externa a niveles impagables, etc. Pero mucho peor fue la impotencia de gran parte de la dirigencia política (a veces acompañada de complicidad) de impedir la degradación de los valores morales y éticos fundantes del obrar político, la intención de imponer un falso conflicto ideológico entre “izquierda” y “derecha” y la pasividad frente a la agresión del narcotráfico y de su invasión en todos los sectores de la sociedad.

Todo esto contribuyó a que se agravara el diagnóstico de Perón respecto a la destrucción del hombre y del Estado. Una muestra visible de ello es que frente a los 12 años de gobierno peronista que erradicaron la miseria institucionalizada impuesta por gobiernos liberales extranjerizantes y edificaron una Argentina próspera, justa y digna, los últimos 32 años de gobiernos “democráticos” no han transformado ni erradicado la Argentina recolonizada por el poder financiero internacional, sino que la han consolidado en forma por demás paradójica, con un 30% de pobreza prácticamente estructural, pero con dirigentes políticos y testaferros enriquecidos a más no poder en el lapso de muy pocos años, ante la mirada cómplice y la pasividad culposa de gran parte de la comunidad argentina.

De muchas maneras se destruye espiritualmente al ser humano: Quitándole toda esperanza de progreso posible, convirtiéndolo en un ser individualista ajeno e indiferente al destino común, desarraigándolo de sus raíces históricas. De la misma manera se destruye o degrada el alma de un pueblo.

En este contexto, la Argentina parece haber perdido el rumbo y el sentido de su destino histórico, al verse maltratada por gerenciadores de la política y por advenedizos sin escrúpulos que la llevan a padecer constantemente crisis recurrentes, cada 10-11 años. Pero esta decadencia no es irreversible. Bien podemos los argentinos y nuestra Patria vivir una vida digna, fieles a nuestra tradición histórica, rescatando y recreando los principios y postulados doctrinales que sustentaron la obra de gobierno peronista y la planificación que la hizo posible. Así como en 1945 el pueblo se hizo presente en la historia rescatando a Perón de la prisión, hoy se impone rescatar a Perón de la prisión histórica a la que lo ha sometido una dirigencia incapaz de toda grandeza. O los argentinos nos abrazamos a una Causa que nos permita recorrer un camino de grandeza o nos veremos condenados a sufrir el destino que otros decidan para nosotros.

José A. Quarracino                                               Juan Carlos Vacarezza

Subcoordinador general                                         Coordinador General

[Publicado en Política del Sur, 4 de octubre de 2016, Año 10 No. 511]

ESQUIZOFRENIA FEMINISTA y el GENOCIDIO ROCKEFELLER

Días pasados las mujeres argentinas se expresaron condenando la ola de violencia mortal que hoy agobia al conjunto de la sociedad argentina, a través de la consigna “Ni una menos”. Pero extrañamente, en medio de esa manifestación y reclamo justos, grupos feministas y progresistas introdujeron el reclamo del “aborto legal, seguro y gratuito”, reflejando una clarísima actitud de esquizofrenia moral y política: por un lado, protestan contra la muerte de las mujeres y por otro lado exigen la aplicación de la pena de muerte contra mujeres y varones en el seno materno, contra seres humanos que son absolutamente inocentes e indefensos.

Siguiendo con su actitud esquizofrénica, estos grupos justificadores del aborto como derecho se reivindican generalmente como progresistas, latinoamericanistas e indigenistas, pero su discurso es una repetición literal en español de los argumentos antinatalistas de la feroz y cruel plutocracia angloamericana que domina el mundo, de la cual el clan Rockefeller ha sido su vocero y operador político por excelencia. Se jactan de ser “indigenistas y latinoamericanos”, pero su lengua materna es el inglés.

Suponen estas abortistas que la despenalización del aborto y su legalización –aunque se trate de un crimen- permite brindar «servicios de aborto seguro» a quienes desean eliminar a los hijos gestados y todavía presentes en el vientre materno. Dicen que la penalización del aborto hace que las mujeres de escasos recursos acudan a prácticas clandestinas e ilegales que ponen en riesgo su vida y en algunos casos termina con el fallecimiento de la mujer abortante. Según quienes “enarbolan” este argumento, la penalización del aborto no afecta a las mujeres que cuentan con recursos para pagar un aborto en clínicas privadas, donde aparentemente abortan “en forma segura”. Por eso deducen que como las mujeres pudientes violan la ley, hay que permitirles a las mujeres pobres que obren igual que las mujeres ricas, pero sólo en este caso en particular de matar a sus hijos en el vientre materno.

Se presumen «progresistas», pero esta argumentación “progre” es una repetición textual de la que ya ha hecho en 1972 John Davison Rockefeller III, al afirmar dogmáticamente que «cuando el aborto es prohibido, las mujeres recurren a abortos ilegales para prevenir nacimientos indeseados. Abortos médicamente seguros han estado siempre a disposición de las mujeres ricas, para las que pueden afrontar los elevados costos de doctores y viajes al extranjero; pero la mujer pobre se ha visto obligada a arriesgar su vida y salud con remedios caseros y practicantes con mala fama»[1]. Además de su matriz oligarca y plutocrática, es evidente que este pensamiento adolece de un grave defecto de irracionalidad jurídica y política, en cuanto sostiene que una ley es inútil o no sirve… porque los pudientes o ricos la violan e incumplen (???). Curiosa reivindicación que hacen los progresistas no sólo del “derecho” de los ricos de violar la ley y no ser castigados por ello, sino que además le conceden a los pobres el mismo “derecho”.

Estas progresistas “latinoamericanas” no tienen problemas en coincidir en forma total y absoluta con los dueños del capitalismo internacional, genocida y depredador. Repiten sus mismos argumentos en clave “revolucionaria”: «[…] la anticoncepción es el método de elección para prevenir un nacimiento no deseado. Creemos que el aborto no debe ser considerado un sustituto para el control de la natalidad, sino más bien como un elemento en un sistema general de cuidado de la salud materno-infantil»[2]. Clarísimo: el aborto no es considerado un crimen ni asesinato, sino un “problema de salud pública”. Lo mismo repiten desde hace tiempo los y las progresistas, al igual que muchos liberales.

Esto se complementa con otros argumentos siempre citados por el progresismo izquierdoso y que se articulan con el argumento anterior: “[…] las mujeres deben tener la libertad de determinar su propia fertilidad, la cuestión del aborto debe ser dejado a la conciencia de la mujer involucrada, en consulta con su médico, […] los Estados deben ser alentados a aprobar estatutos objetivos que creen un marco claro y positivo para la práctica del aborto a petición”[3]. Es decir:

1. a) el aborto es una decisión libre de la mujer
2. b) el aborto es una cuestión que sólo involucra a la mujer y al médico (desaparición de los esposos y padres)
3. c) el Estado es garante de la ejecución de ese “derecho”.

Llamativamente, esta concepción antinatalista y abortista de los imperialistas yanquis es la misma que repiten en español los “progres”: Aborto como derecho y acto libre – Involucra solamente a la mujer y a un médico – Estado garante del ejercicio de ese “derecho”.

“Nuestras” feministas dicen que el aborto es un derecho. Creen que dicen una novedad, pero quien ha inventado este derecho no ha sido la ONU, ni tampoco ha sido consagrado en ningún tratado internacional. El que inventó que el aborto es un derecho ha sido el yanqui John Davison Rockefeller III en 1973, al afirmar que “el aborto es el derecho que tiene la mujer para determinar su fertilidad”[4]. ¿Sobre qué principio se funda este derecho? Según Rockefeller, en el principio ético básico [inventado por él] que afirma que “sólo se traen al mundo los hijos deseados”[5]. Según este siniestro personaje, existe el “derecho” de eliminar al hijo no deseado. Lo mismo piensan las progresistas antiimperialistas, porque en realidad son feministas que repiten los argumentos de un macho yanqui. Son antiimperialistas que le dan estatus democrático al ideario genocida del imperialismo angloamericano.

Paradójica o esquizofrénicamente, las feministas reclaman contra la violencia, pero al mismo tiempo hacen apología de la pena de muerte contra los nascituros, impulsada por el imperialista Rockefeller.

[1] Rockefeller Commission Report, Population and the American Future, Chapter 11: «[…] when abortion is prohibited, women resort to illegal abortions to prevent unwanted births. Medically safe abortions have always been available to the wealthy, to those who could afford the high costs of physicians and trips abroad; but the poor woman has been forced to risk her life and health with folk remedies and disreputable practitioners».

[2] Rockefeller Commission Report, Op. cit., ibidem: «[…] contraception is the method of choice for preventing an unwanted birth. We believe that abortion should not be considered a substitute for birth control, but rather as one element in a comprehensive system of maternal and infant health care. For many, the very need for abortion is evidence of a social and personal failure in the provision and use of birth control».

[3] Rockefeller Commission Report, Op. cit., ibidem: «women should be free to determine their own fertility, that the matter of abortion should be left to the conscience of the individual concerned, in consultation with her physician, and that states should be encouraged to enact affirmative statutes creating a clear and positive framework for the practice of abortion on request».

[4] John Davison Rockefeller III, The Second American Revolution. Some personal observations, Harper & Row, Publishers, New York 1973, p. 64: the abortion is «a woman’s right to determine her own fertility».

[5] Rockefeller Commission Report, Population and the American Future, Chapter 11: «only wanted children are brought into the world».